Salvador María del Carril

Síntesis biográfica

Fue un jurista y político argentino. Masón y liberal, fue seguidor del ideario rivadaviano e implantó en su cargo como gobernador de San Juan una constitución laica, inspirada en el modelo británico, que causó su caída. Exiliado en Buenos Aires, asesoró a Juan Lavalle y fue el impulsor del fusilamiento de Manuel Dorrego por orden de aquel; pasó en el exilio los años del gobierno de Juan Manuel de Rosas. Fue uno de los convencionales que sancionaron la Constitución Argentina de 1853 y fue nombrado luego vicepresidente de la Nación, compartiendo fórmula con Justo José de Urquiza. Tras la reincorporación de la provincia de Buenos Aires, el presidente Bartolomé Mitre lo designaría ministro de la Corte Suprema de Justicia.

Afamado como erudito no menos que como hábil diplomático en su tiempo, la figura de Del Carril fue severamente afectada cuando el diario La Nación publicó en 1880 las cartas que revelaban que había sido instigador del magnicidio del gobernador de la provincia de Buenos Aires Manuel Dorrego y manifestaban la postura anti-moralista y de búsqueda del poder como fin y no como medio de servicio, cuyos intereses representaba. Pese a ello y a las desavenencias que en su momento lo enfrentaron con algunas personalidades, como Domingo Faustino Sarmiento, la historiografía oficial fue generosa con su figura, enfatizando su erudición y su vocación europeísta. Por el contrario, la historiografía revisionista, valora negativamente su significación histórica, reprochándole su soberbia, su liberalismo irreflexivo y su enriquecimiento de dudosas fuentes durante su período de seguidor de Urquiza.

Del Carril estudió derecho civil y canónico en la Universidad Nacional de Córdoba, donde fue discípulo del Deán Funes. Doctorado a los 18 años, se trasladó a Buenos Aires, donde trabajaría como periodista. Datan de esa época la mayoría de los pocos escritos suyos de carácter público. Volvería a su provincia para ejercer el ministerio de Gobierno bajo el mandato del entonces coronel José María Pérez de Urdininea, delegado del general José de San Martín que había asumido el gobierno de la provincia. Reemplazó en ese cargo a Francisco Narciso de Laprida.

Llamado Pérez de Urdininea al frente por San Martín, fue elegido por unanimidad como sucesor suyo. En ese cargo, suprimió las instituciones coloniales, como el Cabildo, los Alcaldes y la milicia, y creó en su lugar un sistema legal similar al aplicado por Rivadavia en Buenos Aires. El 15 de julio de 1826 promulgó la primera constitución provincial, apodada la Carta de Mayo, estrechamente inspirada en el ideario liberal estadounidense, que suscitó de inmediato una fuerte oposición entre muchos de sus conciudadanos.

Uno de los puntos más controvertidos de la Carta era la introducción, pionera en el país, de la libertad de cultos, medida en realidad simbólica, pues sólo había una persona de religión no católica en todo San Juan, el médico y boticario estadounidense Amán Rawson. Junto con ella, expresaba varios de los principios que se harían infaltables en constituciones posteriores —como la igualdad legal o la prohibición de la esclavitud— aunque era mesurada en su aplicación; por ejemplo, no cambiaba el estatus jurídico de los esclavos ya existentes, limitaba el ejercicio de la libertad de expresión a no atentar contra la autoridad gubernamental, y aunque señalaba al pueblo como sede de la voluntad general, limitaba la representación política a los vecinos en una forma de voto calificado. Varios de los principios de derecho que introducía ya habían sido señalados de manera vinculante por la Asamblea del Año XIII.

Durante esta época editó el primer diario de San Juan llamado El Defensor de la Carta de Mayo.

También imitó la política de Bernardino Rivadavia en Buenos Aires, suprimiendo los conventos de la provincia. Estos eran los más conspicuos centros de educación de la misma, lo que levantó airadas protestas. Trece días después de su proclamación de la Carta de Mayo, estalló una revolución dirigida por líderes conservadores y frailes. Del Carril debió abandonar la provincia en dirección a Mendoza, y la Carta de Mayo fue entregada al verdugo para ser quemada.

El gobernador de Mendoza envió en su ayuda a los hermanos Aldao al frente de un pequeño ejército. Tras un corto combate en la llamada primera batalla de la Rinconada del Pocito, los partidarios de la revolución huyeron y Carril fue repuesto en el cargo. Pero renunció poco más tarde, para trasladarse a Buenos Aires. Meses más tarde, el flamante presidente Rivadavia lo nombró ministro de Hacienda.

En el ministerio porteño

Las preocupaciones económicas del gobierno de Rivadavia venían dadas por la guerra del Brasil, que implicaba fuertes gastos, y por la conformación de la Compañía de Minas; el Banco Nacional se había fundado poco antes, para administrar los fondos del empréstito tomado de la inglesa Baring Brothers. Del Carril promovió la Ley de Consolidación de la Deuda, que hacía de todos los bienes naturales del Estado aval de la operación crediticia.

De su autoría fue también la ley que implementaba el curso obligatorio del papel moneda y su convertibilidad en metales preciosos; acusado por sus opositores de permitir así que los exportadores se hiciesen con los lingotes de oro y plata que constituían las reservas del Estado, lo apodaron “doctor Lingotes”, mote que le endilgaron sus enemigos federales. Vicente Fidel López afirmaría que la ley «es lo más absurdo que se haya conocido y lanzado en país alguno».

Se negó a apoyar económicamente la campaña del ejército que luchaba contra el Brasil, y permitió al banco dilapidar sus créditos entre sus propios socios. Los pocos créditos que Rivadavia logró recibir del banco fueron dedicados a las campañas de los partidarios de Rivadavia en las guerras civiles. Tras la renuncia de Rivadavia libró numerosas órdenes de pago en las horas, endeudando fuertemente al gobierno siguiente.

El gobernador Manuel Dorrego, que asumió en reemplazo de Rivadavia, criticó duramente el plan económico gestionado por Del Carril, y acusó a Rivadavia y su ministro de haber especulado con el negocio minero. La discusión al respecto se haría pública, dando Rivadavia y Del Carril una Respuesta a los medios, que sería a su vez criticada públicamente en un largo escrito por Dorrego. Enfrentado con este, Del Carril formaría parte del círculo que conspiraba para derrocarlo.

Cuando el 5 de septiembre de 1828 se firmó la paz con el Brasil, que concedía la independencia al Uruguay, estalló una vehemente oposición entre las tropas argentinas que habían hecho la guerra con éxito. El ejército combatiente regresó a Buenos Aires decidido a deponer y castigar a Dorrego, el antiguo camarada de armas de las luchas emancipadoras, al que acusaban de haber saboteado políticamente el esfuerzo de la guerra.

La muerte de Dorrego

Del Carril fue uno de los que apoyó la revolución del 1.º de diciembre y la elección del general Lavalle como gobernador. Tras el combate de Navarro, y enterado de la prisión de Dorrego, escribió a Lavalle que
«hemos estado de acuerdo con la fusilación de Dorrego antes de ahora. Ha llegado el momento de ejecutarla.».
«Mire Ud. que este país se fatiga 18 años hace en revoluciones, sin que una de ellas haya producido un escarmiento… En tal caso, la ley es que una revolución es un juego de azar, en que se gana hasta la vida de los vencidos… La cuestión me parece de fácil resolución. Si Ud., general, la aborda así, a sangre fría, la decide»
«la espada es un instrumento de persuasión muy enérgico… prescindamos del corazón en este caso… si no, habrá Ud. perdido la ocasión de cortar la primera cabeza a la hidra, y no cortará las restantes.»
Es notable el hecho de que esta primera carta no estaba firmada. Después de logrado su objetivo, volvió a escribirle aconsejándole:
«…es conveniente recoja Ud. una acta del consejo verbal que debe haber precedido a la fusilación. Un instrumento de esta clase, redactado con destreza, será un instrumento histórico muy importante…»
Justificaba que no se hubiera enjuiciado a Dorrego porque los jueces hubieran sido
«…necesarios para averiguar los crímenes y demostrarlos, y de los atentados de Dorrego se tenían más que juicio, opinión, de su evidencia existente y palpable «
Tiempo más tarde, justificaría su accionar afirmando que
«si es necesario mentir a la posteridad, se miente…»
Carril fue nombrado Ministro de Relaciones Exteriores y Gobierno por el general Martín Rodríguez, que quedó a cargo del gobierno en Buenos Aires mientras Lavalle salía en campaña contra las fuerzas opositoras. A pesar de las difíciles circunstancias políticas, en junio de 1829, el gobierno provisorio emitió un decreto, firmado por Rodríguez y Del Carril, creando la Comandancia política y militar de las islas Malvinas. Se fundaba así el principal título del derecho argentino sobre las islas, cuatro años antes de la ocupación británica.

La guerra civil dejó el interior de la provincia en manos de Juan Manuel de Rosas. En esa situación, Lavalle firmó el Pacto de Cañuelas, por el que se llamaba a elecciones con una lista unificada entre los federales y unitarios. Del Carril organizó a último momento otra, con la que derrotó a la lista de unidad por medio de un escandaloso fraude y una violencia que terminaría con 43 muertos. Rosas se negó a aceptar el resultado, y Lavalle se vio obligado a renunciar.

En su carta del 20 de diciembre de 1828 al general Lavalle leemos: “…la posteridad consagra y recibe las disposiciones del fuerte o del impostor que venció, sedujo y sobrevinieron, y que sofoca los reclamos y las protestas del débil que sucumbió y del hombre sincero que no fue creído.” Y poco más adelante en la misma: “y si para llegar siendo digno de un alma noble, es necesario envolver la impostura con los pasaportes de la verdad, se embrolla; y si es necesario mentir a la posteridad, se miente y se engaña a vivos y muertos según dice Maquiavelo.” (Carranza, Angel, El General Lavalle ante la justicia póstuma, Buenos Aires. Editorial Igon, 1886, pp.57:63)

Sus noción de la moralidad, así como del valor absoluto del poder como fin en sí mismo, se pueden colegir de la conjunción de otro fragmento de la misma carta, con otra de seis días antes al mismo destinatario. En aquella dice “Los hombres son generalmente gobernados por las ilusiones, como las llamas de los indios…” y en ésta: “¿Cuál ha sido el objeto de todos, hombres o partidos de los que han figurado en este certamen? Mantenerse en el poder que habían conquistado. […] ¿Cuáles son los medios de que se han valido nuestros hombres o nuestros partidos, para llegar a aquel fin bueno en sí mismo? Exclusivamente, unos, de la novedad de las ideas y de las formas; otros, de la capitulación con los vicios dominantes… […] La debilidad es el fondo de cualesquiera de los dos arbitrios, que se han practicado hasta aquí y quedan indicados. El 1° recibiendo su fuerza de las ilusiones y del engaño, es esencialmente flaco…” (Carranza, Angel, El General Lavalle ante la justicia póstuma, Buenos Aires. Editorial Igon, 1886, pp.41:47 y 57:63)

En la epístola del 15 de diciembre al hombre que acababa de fusilar a quien hasta poco antes era el legítimo gobernador de la provincia -es decir a Dorrego- le aconsejaba producir actas falsas que «probasen» la existencia de un juicio previo al fusilamiento: “Me tomo la libertad de prevenirle, que es conveniente recoja Ud. una acta del consejo verbal que debe haber precedido a la fusilación. Un instrumento de esta clase, redactado con destreza, será un documento histórico muy importante para su vida póstuma. El señor Gelly se portará bien en esto: que lo firmen todos los jefes y que aparezca Ud. Confirmándolo…”. (Carranza, Angel, El General Lavalle ante la justicia póstuma, Buenos Aires. Editorial Igon, 1886, pp.54)

En otra del 20 de diciembre de 1828 al mismo hombre: «Si ud. pudiera en un instante volar al Salto, Areco, Rojas, San Nicolás y Luján -dar la mano a todos los paisanos y rascarles la espalda con el lomo del cuchillo, haría ud. una gran cosa…» y más adelante: «La imaginación móvil de este pueblo , necesita ser distraída de la muerte de Dorrego, y para esto basta bulla, ruido, cohetes, música y cañonazos.» (Carranza, Angel, El General Lavalle ante la justicia póstuma, Buenos Aires. Editorial Igon, 1886, pp.57-63)

El exilio

Siguiendo a otras figuras del partido unitario, Del Carril se trasladó a Montevideo. Desde allí participó de varios intentos opositores al gobierno de Rosas en Buenos Aires. Apoyó la invasión a Entre Ríos de Lavalle y Ricardo López Jordán (padre).

Los años del exilio fueron duros para Del Carril, que enfrentó la pobreza; años más tarde el que sería su secretario,​ Lucio V. Mansilla, reflejaría en Retratos y Recuerdos. Contrajo matrimonio en la ciudad de Mercedes, Uruguay, con Tiburcia Domínguez López Camelo, que le daría 7 hijos.

En 1838 se unió a la Comisión Argentina que promovía la oposición contra Rosas, en nombre de la libertad y de la libre navegación de los ríos argentinos. El gobierno de Francia decidió apoyar a este grupo y al presidente Rivera —a quien ayudó a derrocar a su antecesor, Manuel Oribe— contra el gobierno de Rosas. La flota francesa bloqueó el Río de la Plata y otorgó enormes subsidios a sus aliados.

Del Carril participó del acuerdo entre el presidente oriental Fructuoso Rivera, el coronel Manuel Olazábal y los representantes franceses. Secretamente marchó a Corrientes a entrevistarse con el gobernador Genaro Berón de Astrada, cuyos diferendos con el centralismo de Rosas habían llevado a un enfrentamiento cada vez más tangible, y lo convenció de declarar la guerra al gobernador bonaerense y al entrerriano, Pascual Echagüe, suscribiendo el 31 de diciembre de 1838 un pacto con Rivera. La insurrección de Berón de Astrada duraría poco, y concluiría con su muerte en la batalla de Pago Largo. Del Carril, mientras tanto, obtendría el cargo de Comisario de abastecimientos de la escuadra francesa, y se embarcó en ella para ayudar a los unitarios en su campaña a Buenos Aires. El general Iriarte lo acusó de enriquecerse con la venta de productos importados y estafar al ejército de Lavalle. Su situación económica mejoró mucho, pese a que la firma del tratado Arana-Mackau a fines de ese año lo privó del manejo de fondos franceses. El 10 de junio de 1839, el Libertador General San Martín indignado por el apoyo que los unitarios prestaban a la invasión desde Uruguay, —entre los que se encontraban entre otros Bernardino Rivadavia, José Ignacio Álvarez Thomas, Juan Lavalle, Salvador María del Carril, Florencio Varela y Juan Cruz Varela—, y el apoyo que brindan a Francia, en su agresión contra la Confederación Argentina, le escribe a Juan Manuel de Rosas:
“lo que no puedo concebir es que haya americanos que, por un indigno espíritu de partido se unan al extranjero para humillar a su patria y reducirla a una condición peor que la que sufríamos en tiempo de la dominación española; una tal felonía ni el sepulcro la puede desaparecer.”