Ley de Residencia o Ley Cané
Con el objetivo de frenar las oleadas anarquistas que nutrían al movimiento obrero, se sancionó en Argentina la Ley de Residencia, redactada por Miguel Cané.
La ley N° 4.144 de Residencia de Extranjeros, más conocida como Ley de Residencia o Ley Cané, fue una legislación argentina de 1902 que autorizó al Poder Ejecutivo a impedir la entrada y expulsar a extranjeros “cuya conducta comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público”. El extranjero contra quien se hubiera decretado la expulsión tendría tres días para salir del país, pudiendo el Poder Ejecutivo, como medida de seguridad pública, ordenar su detención hasta el momento del embarco. A partir de esta ley, el Poder Ejecutivo podía acusar y castigar (expulsar) a personas extranjeras sin que en ningún momento interviniera el Poder Judicial.
Esta ley en cuestión, la cual recién terminó siendo derogada en 1958, fue utilizada por sucesivos gobiernos argentinos para reprimir la organización sindical de los trabajadores, expulsando principalmente anarquistas y socialistas. Surgió a partir de un pedido formulado por la Unión Industrial Argentina al Poder Ejecutivo Nacional en 1899, a raíz del cual el senador Miguel Cané presentó ante el Congreso de la Nación el proyecto de expulsión de extranjeros.
Durante sus 56 años de vigencia se utilizaron diversos «criterios de expulsión», pero fundamentalmente dirigidos contra los movimientos de resistencia obrera —sobre todo en sus primeros tiempos de aplicación—, en ocasiones también para la deportación de «tratantes de blancas» u otros delincuentes, y de espías alemanes una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, alcanzando incluso a los pequeños comerciantes españoles durante la campaña peronista «contra el agio y la especulación» en 1946. Esta ley surgió durante lo que se denomina «período conservacionista».
Contexto
La Ley de Residencia se insertó dentro de una serie de medidas represivas (promovidas por los sectores terratenientes e industriales entonces en el gobierno, en la figura del Partido Autonomista Nacional) llevadas a cabo por medio del Estado contra anarquistas, socialistas y activistas obreros en general. Estas medidas incluyeron el estado de sitio; allanamiento de locales de la Federación Obrera Regional Argentina y del Partido Socialista; incautación de periódicos como La Vanguardia y La Protesta; represión de huelgas y manifestaciones mediante arrestos y deportaciones, además de aportar un plus en la prostitución.
El mensaje con que el Poder Ejecutivo acompañó en noviembre de 1902 el proyecto que luego se convirtió en la Ley de Residencia, hacía referencia a “la huelga en que se han declarado numerosos obreros de distintos gremios, que amenazan el orden público, los intereses del comercio y la navegación y, por consiguiente, la riqueza pública”.