1888 – El Estado incorpora a los indígenas de la Patagonia

La incorporación de las comunidades indígenas independientes que habitaban el sur pampeano y la Patagonia se produjo a raíz de una guerra de conquista que sembró muerte y violencia; violación de mujeres, niñas y niños; destrucción cultural; trasplantes de población; sustracción de menores.

Siendo considerados argentinos desde la Asamblea del Año XIII, y también por adoptarse desde la independencia el iuss dis y el uti possidetis iure-que determinaban nacionalidad y ocupación territorial-, los indígenas quedaron comprendidos en el derecho interno.

Por el primer principio quien naciera en territorio de la patria era argentina o argentino, y muchos caciques hicieron valer este derecho, en los pliegos de peticiones de tierras y pensiones militares al gobierno nacional.

Pero sus estrategias no fueron univocas, algunos «aceptaron» la derrota e intentaron negociar mejores condiciones para sus comunidades; unos pocos se deprimieron y murieron después de la guerra, y otros decidieron resistir recurriendo a desacatos constantes, sublevaciones esporádicas y «auto marginación», arrancándose aquí y allá en las vastas tierras patagónicas.

La antigua dirigencia, la más conocida, a la que le toco la difícil tarea de la guerra, comenzó a morir en estos altos finiseculares.

A ellos los sucedían otros caciques y caciquescas que sabrán interpretar y cabalgar los tiempos políticos (obteniendo beneficios en tierras, bienes y oportunidades); o circunscribirán sus mejores a las vinculaciones familiares; o bien optarán por enfrentar a los poderosos locales.

Se trate de un proceso muy complejo y diverso que puede tornarse incomprensible.  Para simplificarlo, muchos analistas suelen abordar un solo aspecto: la dimensión estatal, y dentro de ella, la vía represiva, iniciando y concluyendo su tares de investigación en la guerra y los altos inmediatamente posteriores, momento en que los cuerpos policiales comenzaron a ejercer disciplinamiento, sea en acuerdo a órdenes emanadas de alguna autoridad gubernamental o en favor de grandes comerciantes y estancieros locales.

Visto este mismo proceso desde el Estado nacional, a lo largo de un siglo es factible encontrar contrastes muy notables entre unos y otros modelos estatales. El mayor o menor grado de liberalismo o populismo contenido en las políticas públicas se vio reflejado en reducción forzada, reclutamientos -vecinales, en el ejército, en los partidos-, protección social y económica, reconocimiento étnico.

Al análisis de esta dimensión política hay que incorporar las acciones de los poderes municipales y de los poderosos locales. Estos últimos son los mayores responsables en incentivar una fuerte violencia endémica porque disputaban tierras, bienes y mano de obra con los indígenas. Si analizamos la incorporación desde la perspectiva del derecho y la justicia, encontramos las diferencias de género. En los jueces letrados -radicados en Patagonia una vez promulgada la Ley 1.532-los varones indígenas hallaron protectores que, esgrimiendo la igualdad ante la ley, los preservaban de abusos, apremios ilegales y trabajo forzado consentidos por los gobernadores y ejecutados por la Justicia de Paz y la policía.

En cambio, para las mujeres indígenas ajustarse al derecho y las leyes significó adecuarse a las normas civiles del patriarcado, convirtiéndose en menores de edad bajo la patria potestad masculina, debiendo mudar practicas familiares y vinculaciones intimas que, aunque no excesivamente liberalizadas -porque existían patriarcados indígenas-, eran mucho mas abiertas y permisivas que las normas de la sociedad blanca.

Fuente: todo-argentina